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EDUCACIÓN : Tribunal Supremo: Sentencia sobre Educación para la ciudadanía. Inexistencia de un derecho a la objeción de conciencia (Texto completo)
Enviado por Dewey el 20/2/2009 20:50:00 (8012 Lecturas)

 Tribunal Supremo, España Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso - Administrativo. Pleno Sentencia. Fecha de Sentencia: 11/02/200.

RECURSO CASACION

Recurso Núm.: 905/2008
Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria
Votación: 28/01/2009
Procedencia: T.S.J.ANDALUCIA CON/AD SEC.3
Ponente: Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez
Secretaría de Sala : Ilma. Sra. Dña. Mercedes Fernández-Trigales Pérez
Escrito por: RBA

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. INEXISTENCIA DE UN DERECHO A LA
OBJECIÓN DE CONCIENCIA.


Num.: 905/2008

Votación: 28/01/2009

Ponente Excmo. Sr. D.: Luis María Díez-Picazo Giménez

Secretaría Sr./Sra.: Ilma. Sra. Dña. Mercedes Fernández-Trigales Pérez

TRIBUNAL SUPREMO.
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
PLENO


S E N T E N C I A

Excmos. Sres.:

Presidente:

D. Ramón Trillo Torres
Magistrados:

D. Fernando Ledesma Bartret
D. Mariano de Oro-Pulido y López
D. Pedro José Yagüe Gil
D. Jesús Ernesto Peces Morate
D. José Manuel Sieira Míguez
D. Rafael Fernández Montalvo
D. Manuel Vicente Garzón Herrero
D. Segundo Menéndez Pérez
D. Juan José González Rivas
D. Enrique Lecumberri Martí
D. Manuel Campos Sánchez-Bordona
D. Nicolás Maurandi Guillén
D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva
D. Santiago Martínez-Vares García
D. Eduardo Espín Templado
D. Juan Gonzalo Martínez Micó
D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat
D. Rafael Fernández Valverde

Dª. Celsa Pico Lorenzo

D. Octavio Juan Herrero Pina
D. Emilio Frías Ponce
D. José Díaz Delgado
D. Eduardo Calvo Rojas
D. Manuel Martín Timón
D. Luis María Díez-Picazo Giménez
D. Ángel Aguallo Avilés
D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco
Dª. María del Pilar Teso Gamella
En la Villa de Madrid, a once de febrero de dos mil nueve .

VISTO por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo los recursos de casación seguidos con el nº 905/2008
interpuestos por LA LETRADA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EL MINISTERIO
FISCAL y EL ABOGADO DEL ESTADO, contra sentencia de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Andalucía,
con Sede en Sevilla, de fecha 4 de marzo de 2008, por la que se estima el
recurso contencioso-administrativo presentado por la representación procesal de

D. M.F.L. y Dª M.D.C.D. contra la resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de
Educación, de fecha 13 de noviembre de 2007, y se reconoce el derecho de los
demandantes a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación
para la Ciudadanía y declarando que su hijo no debe cursar dicha asignatura,
quedando exento de ser evaluado de la misma.
Se han personado en este recurso, como parte recurrida D. M.F.L. y Dª
M.D.C.D., representados por el procurador D. Manuel Gómez Montes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo número 905/2008 la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, con fecha 4 de marzo de


2008, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS:

1º Estimar el recurso contencioso-administrativo y anular la resolución
indicada en el Fundamento de Derecho Primero.

2º Reconocer el derecho de los demandantes a ejercer la objeción de
conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía; declarar que su
hijo no debe cursar la asignatura, quedando exento de ser evaluado de la misma.

No se efectúa expresa imposición de las costas de este recurso".

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, EL FISCAL presentó recurso
de casación interponiéndolo en base a los siguientes Motivos de la Casación:

Unico.-Infracción de las Normas del Ordenamiento Jurídico y de la
Jurisprudencia por errónea apreciación de los Derecho Fundamentales
reconocidos en los artículos 16.1º y 27.3º, en relación con el Derecho
Constitucional a la Objeción de Conciencia del artículo 30.1, todos de la
Constitución.

Y termina suplicando a la Sala: "... dicte en su día sentencia por la que
estimando el motivo de la casación recogido en este escrito, case la resolución
recurrida y proceda a la confirmación del acto administrativo inicialmente
impugnado".

EL ABOGADO DEL ESTADO, en la representación que legalmente
obstenta, presentó asimismo recurso de casación basándose en los siguientes
Motivos:

Primero.-Al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional (LJCA), por
infracción del artículo 16.1 de la Constitución Española (CE) en relación con el
art. 9 CE y de la jurisprudencia en materia de objeción de conciencia.

Segundo.-También al amparo del art. 88.1.d) LJCA, por infracción del
artículo 27, apartado 4, en relación con los apartados 2 y 5 del mismo artículo y
con el art. 149.1.30 CE. Igualmente, en relación con los arts. 3.3, 4.1, 18.3 y 24.3
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y preceptos
reglamentarios que los desarrollan (art. 4.2 y Anexo II del Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, sobre enseñanzas mínimas de Educación Primaria
y art. 4 y Anexo II del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, sobre
enseñanzas mínimas de Educación Secundaria obligatoria).


Y finaliza suplicando a la Sala:"... acuerde casar la citada sentencia y dicte
otra por la que acuerde la plena conformidad a Derecho del acto impugnado en la
instancia".

LA LETRADA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, en la representación que
ostenta su cargo, presentó igualmente recurso de casación contra la antedicha
sentencia basándose en los siguientes Motivos:

Primero.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la
jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de
debate, al amparo del apartado 4º del artículo 88.1 D) de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por infracción por incorrecta aplicación
de los artículos 10.2, 16.1 y 27.3 CE, así como por vulneración del artículo 5.1 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por vulneración por incorrecta aplicación del
artículo 2 del Protocolo núm. 1, en conexión con la jurisprudencia del TEDH, y
artículo 10.2 y 96.1 CE.

Segundo.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la
jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de
debate, al amparo del apartado 4º del artículo 88.1 D) de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por infracción por incorrecta aplicación
de los artículos 16.1, y 27.3 CE, así como por vulneración de los artículos 10.1, y

27.2 por aplicación del 27.4 CE y por infracción del artículo 7.2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Y concluye suplicando a la Sala:"... case la sentencia anulándola y
dictando otra por la que se confirme la Resolución impugnada por ser plenamente
ajustada a derecho".

TERCERO.- Teniendo por interpuestos los recursos de casación por esta
Sala, se emplazó a la parte recurrida para que en el plazo de treinta días
formalizara escrito de oposición. La representación procesal de D. M.F.L. y Dª
M.D.C.D., se opuso al recurso de casación interpuesto de contrario suplicando a
la Sala:"... dictar Sentencia por la que desestimando los recursos interpuestos,
confirme en todos sus extremos la Sentencia recurrida".


CUARTO.- En fecha 4 de diciembre de 2008 el Excmo. Sr. Presidente de
la Sala acordó en uso de las facultades que le otorga el artículo 197 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y en atención a la trascendencia de la cuestión
debatida en este proceso, someter su conocimiento al Pleno de la Sala. Mediante
Providencia de fecha 5 de diciembre de 2008 se señaló el día 26 de enero de
2009 para la votación y fallo de este recurso, designándose Magistrado Ponente
al Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas.

QUINTO.-Finalizada la deliberación de la votación y fallo del asunto, que
se prolongó los días 27 y 28 de enero, el Magistrado designado Ponente no se
conformó con el parecer de la mayoría, por cuya razón expresó su voluntad de
emitir voto particular, procediendo el Excmo. Sr. Presidente de la Sala a designar
Magistrado Ponente para la redacción de la sentencia al Excmo. Sr. D. Luis María
Díez-Picazo Giménez.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS MARÍA DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Interponen recursos de casación el Ministerio Fiscal, el
Abogado del Estado y la Letrada de la Junta de Andalucía contra la Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3ª), con sede en Sevilla, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de marzo de 2008, recaída en
procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la
persona. La sentencia ahora impugnada estima el recurso contencioso-
administrativo formulado por don M.F.L. y doña M.D.C.D., en nombre de su hijo
menor, contra la resolución de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía de 13 de noviembre de 2007, que no les reconoció el derecho a la
objeción de conciencia frente a la materia Educación para la Ciudadanía.

La sentencia impugnada, tras hacer referencia a la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y de este
Tribunal Supremo, motiva su fallo estimatorio de la pretensión de los
demandantes literalmente del siguiente modo:


Cuarto.- Alegan el Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía que los
demandantes no precisan los contenidos de la asignatura que vulneran su
libertad religiosa o de conciencia. No es así, basta leer la demanda para apreciar
que sí que se indican los aspectos de los que se discrepa. Pero la cuestión es
precisamente la contraria. Según el TEDH, es al Estado y a cada centro docente
al que le corresponde suministrar a los padres la información necesaria para que
puedan ejercer su derecho a educar a sus hijos, incluso ejerciendo el derecho de
objetar a la asignatura parcialmente, como, preveía la norma noruega objeto de la
sentencia de 29 de junio de 2007. En nuestro caso, ésa información no se ha
suministrado y, además los contenidos tienen un alto grado de indefinición, lo que
no facilita el ejercicio de los derechos de los padres. Sin embargo, la exposición
de motivos de la Ley Orgánica 2/2006, señala como finalidad de la asignatura
formar a los nuevos ciudadanos en “valores comunes”. Y en los Reales Decretos
1631/06 y 1513/06, que establecen las enseñanzas mínimas, se emplean
conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa, como son ética,
conciencia moral y cívica, valoración ética, valores, o conflictos sociales y
morales. Ante ésta situación, es razonable que los demandantes, por razones
filosóficas o religiosas, que no tiene porqué exponer detalladamente, como
también señala el TEDH y prevé el art .16.2 CE, pueden estar en desacuerdo con
parte de la asignatura, y lógico que soliciten se excluya de ella a su hijo, a falta de
otras previsiones normativas que permitan salvaguardar su libertad ideológica o
religiosa.

Por último, el interés público está en la garantía de los derechos, que al
final es lo que justifica la existencia del Estado y sus potestades. Entre éstos
derechos están la libertad ideológica y religiosa (art.16.1 CE), y el derecho de los
padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones (art. 27.3 CE). La salvaguarda de éstos derechos
mediante la objeción de conciencia, no pone el peligro el ordenamiento jurídico
democrático, simplemente refleja su funcionamiento. En último caso, corresponde
al Legislador crear instrumentos para hacer compatible esos derechos con que la
enseñanza básica sea obligatoria y gratuita (art 27.4 CE).

Quinto.- El acto impugnado es nulo por vulnerar los derechos de los arts.

16.1 y 27.3 CE, susceptibles de amparo constitucional (art. 62.1ª) LRJ-PAC,

procediendo declarar su nulidad y reconocer la situación jurídica individualizada
de los demandantes en los términos solicitados (arts. 31,114.2 y 121.2 LJCA)

SEGUNDO.- El recurso de casación del Ministerio Fiscal se basa en un
único motivo, formulado al amparo del art. 88.1.d) LJCA, por infracción de los
arts. 16 y 27 CE. El recurso de casación del Abogado del Estado se basa en dos
motivos, formulados ambos al amparo del art. 88.1.d) LJCA por infracción de los
arts. 9, 16, 27 y 149.1.30 CE, así como de la Ley Orgánica 2/2006 y de las
normas reglamentarias que la desarrollan. Y el recurso de la Letrada de la Junta
de Andalucía se basa en dos motivos, formulados ambos al amparo del art.
88.1.d) LJCA, por infracción de los arts. 10, 16 y 27 CE, así como del art. 2 del
Protocolo nº 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Todos ellos, aun
poniendo énfasis en aspectos distintos y siguiendo estilos argumentativos
diferentes, coinciden en un dato central: niegan que en el ordenamiento jurídico
español exista el derecho a la objeción de conciencia reconocido por la sentencia
impugnada.

TERCERO.- En su escrito de oposición a los recursos de casación, los
demandantes insisten en varias ideas generales: que de la Constitución nace
directamente, sin necesidad de desarrollo legislativo, un derecho a la objeción de
conciencia; que es a los padres a quienes corresponde naturalmente educar a los
hijos; que su conciencia no se siente inquietada por la transmisión de
conocimientos científicos y culturales a través del sistema educativo, sino por el
adoctrinamiento que se busca con la materia obligatoria Educación para la
Ciudadanía; que la existencia de ésta atenta contra la autonomía de los centros
docentes y de su derecho a tener un ideario; y, en suma, que el Estado no puede
imponer una única moral para todos.

CUARTO.- Como puede verse sin dificultad, el problema planteado en
estos recursos de casación es si los demandantes tienen o no un derecho a la
objeción de conciencia frente a la materia Educación para la Ciudadanía y, por
consiguiente, si su hijo puede o no quedar eximido de cursarla.

A la hora de examinar si existe un derecho a la objeción de conciencia con
respecto a la materia Educación para la Ciudadanía, es conveniente comenzar
por una aclaración: la idea misma de objeción de conciencia sólo tiene sentido,


en principio, cuando se opone a deberes jurídicos válidos, es decir, deberes
jurídicos que emanan de una norma que no vulnera ninguna otra norma de rango
superior. Si la norma que impone el deber jurídico es inconstitucional –o,
tratándose de un reglamento, ilegal-, la respuesta no puede ser nunca la objeción
de conciencia, sino la activación de los procedimientos previstos en nuestro
ordenamiento jurídico para la anulación de normas: el recurso y la cuestión de
inconstitucionalidad, frente a las normas con rango de ley; la impugnación directa

o indirecta ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las normas
reglamentarias. En pocas palabras, en un Estado democrático de derecho, es
claro que la reacción frente a la norma inválida no puede consistir en reclamar la
dispensa de su observancia, sino en reclamar su anulación.
Así las cosas, lo primero que debe hacerse ahora es determinar si la
citada materia Educación para la Ciudadanía es o no ajustada a derecho. Sólo en
caso de que la respuesta sea afirmativa, tendrá sentido interrogarse acerca de si
existe o no un derecho a la objeción de conciencia frente a ella.

QUINTO.-Ayudará a la mejor solución de la controversia tener presentes
los antecedentes inmediatos de la materia escolar Educación para la Ciudadanía.
Como recuerda el Real Decreto 1631/2006 (anexo II), se hallan en la
Recomendación (2002) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
También apunta que la Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas
educativos promover en la comunidad escolar el aprendizaje de los valores
democráticos y de la participación en la ciudadanía activa, en sintonía con esa
recomendación. Importa, por tanto, ver cuál es su sentido.

La Recomendación dice que la "Educación para la Ciudadanía
Democrática" (education for democratic citizenship) debe ser un objetivo
prioritario de la política educativa en todos los niveles de la enseñanza. Inspira
esa orientación la "preocupación por los crecientes niveles de apatía cívica y
política y de falta de confianza en las instituciones democráticas y por los cada
vez más abundantes casos de corrupción, racismo, xenofobia, nacionalismo
agresivo, intolerancia frente a las minorías, discriminación y exclusión social (...)".
Por eso, la considera fundamental para promover una sociedad libre, tolerante y
justa y la tiene por factor de cohesión social, mutuo entendimiento, diálogo
intercultural e interreligioso y de solidaridad que contribuye a la igualdad entre


hombres y mujeres y fomenta el establecimiento de relaciones armoniosas y
pacíficas entre los pueblos así como la defensa y el desarrollo de la sociedad y
de la cultura democráticas.

Entre los objetivos educativos y contenidos de esta materia incluye: 1)
estimular los enfoques y acciones multidisciplinarios que combinen la educación
cívica y política con la enseñanza de historia, filosofía, religiones, idiomas,
ciencias sociales y de todas las disciplinas que tengan implicaciones éticas,
políticas, sociales, culturales o filosóficas; 2) combinar la adquisición de
conocimientos, actitudes y destrezas dando prioridad a los que reflejan los
valores fundamentales del Consejo de Europa, especialmente los derechos
humanos y el Estado de Derecho; 3) prestar particular atención a la adquisición
de actitudes necesarias para la vida en las sociedades multiculturales
respetuosas con las diferencias y preocupadas por su medio ambiente.

Para lograr esos fines piensa en enfoques educativos y métodos que
enseñen a convivir democráticamente y a combatir el nacionalismo agresivo, el
racismo y la intolerancia y a eliminar la violencia y las ideas y conductas
extremistas y que procuren la adquisición de estas competencias básicas (key
competences) o habilidades o destrezas: a) superar conflictos de forma no
violenta; b) argumentar en defensa del propio punto de vista; c) escuchar,
comprender e interpretar los argumentos de los demás; d) reconocer y aceptar
las diferencias; e) escoger entre opciones distintas, considerar las alternativas y
someterlas a análisis ético; f) asumir responsabilidades compartidas; g)
establecer relaciones constructivas, no agresivas, con otros; h) desarrollar una
aproximación crítica a la información, a las corrientes de pensamiento y a los
conceptos filosóficos, religiosos, sociales, políticos y culturales, al tiempo que se
mantiene el compromiso con los valores y principios fundamentales del Consejo
de Europa.

La participación activa de todos los implicados en la educación, la
promoción del ethos democrático, el fomento del estudio y de la iniciativa
personal, la combinación de la teoría y la práctica y la colaboración cívica (civic
partnership) entre la escuela, la familia, la comunidad, los centros de trabajo y los
medios de comunicación, se hallan entre los criterios que han de guiar la
enseñanza de esta materia.


Esta Recomendación fue seguida por otros documentos. Entre ellos, el
elaborado por el Comité ad hoc para la Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos, también del Consejo de Europa, el 14 de marzo de 2006,
que insistirá en la importancia de los entornos educativos éticos y democráticos,
en la escuela y fuera de ella, y de promover la perspectiva de género en la
educación.

La Unión Europea también ha resaltado la importancia que en el sistema
educativo tienen las denominadas competencias sociales y cívicas. Así, la
Recomendación Conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente, de 18 de diciembre de
2006, formula directrices que enlazan con las sentadas por el Consejo de Europa.
En efecto, atribuye suma importancia al conocimiento de "los conceptos básicos
relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, a la igualdad y la no
discriminación entre hombres y mujeres, la sociedad y la cultura (...)". Y a "la
capacidad de comunicarse de una manera constructiva (...), mostrar tolerancia y
expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar
confianza y sentir empatía", así como a "ser capaces de gestionar el estrés y la
frustración y expresarlos de una manera constructiva (...)" desde "la seguridad en
uno mismo y (...) la integridad". Indica que "las personas deben interesarse por el
desarrollo socioeconómico, la comunicación intercultural, la diversidad de valores
y el respeto a los demás, así como estar dispuestas a superar los prejuicios y a
comprometerse".

Las capacidades de esta competencia cívica guardan relación, subraya la
Recomendación, "con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito
público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que
afecten a la comunidad (...). Conlleva la reflexión crítica y creativa y la
participación constructiva en las actividades de la comunidad (...) así como la
toma de decisiones (...) mediante el ejercicio del voto". Y una actitud positiva,
fundada en la apreciación y comprensión de las diferencias a partir del "pleno
respeto a los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la
democracia", ante los sistemas de valores de las distintas religiones o grupos
étnicos. Esta actitud, continua la Recomendación, incluye "manifestar el sentido
de pertenencia a la propia localidad, al propio país, a la UE y a Europa en general


y al mundo, y la voluntad de participar en la toma de decisiones democrática a
todos los niveles". Además, supone manifestar "sentido de la responsabilidad y
(...) comprensión y respeto de los valores compartidos (...) necesarios para (...) la
cohesión de la comunidad", entre ellos los principios democráticos". La
participación constructiva de la que hablan el Parlamento Europeo y el Consejo
incluye "las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y a la cohesión sociales
y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la
intimidad de los demás".

SEXTO.- Tomando en consideración lo expuesto, fácilmente se advierte
que es necesario fijar el alcance los arts. 16.1 y 27.3 CE.

En particular, hace falta precisar los siguientes extremos: el significado del
pluralismo como elemento necesario para una verdadera sociedad democrática;
la suma relevancia que los derechos fundamentales tienen en nuestro modelo
constitucional de convivencia; el papel que la Constitución asigna al Estado en
materia de educación; el contenido que corresponde al derecho a la libertad
ideológica y religiosa del art. 16.1 dentro del sistema educativo establecido por el
Estado; el alcance del derecho reconocido a los padres en el 27.3 y el límite que
significan esos dos derechos de los arts. 16.1 y 27.3, todos de la Constitución,
para la actividad educativa de los poderes públicos.

Pasando al examen sucesivo de cada uno de ellos, nos encontramos, en
primer lugar, con el pluralismo, que está formalmente proclamado como valor
superior del ordenamiento jurídico en el art. 1.1 CE. Su núcleo principal es el
reconocimiento del hecho innegable de la diversidad de concepciones que sobre
la vida individual y colectiva pueden formarse los ciudadanos en ejercicio de su
libertad individual y la necesidad de establecer unas bases jurídicas e
institucionales que hagan posible la exteriorización y el respeto de esas diversas
concepciones. No parece que sea erróneo señalar que entre las razones de su
reconocimiento jurídico se hallan estas dos: facilita la paz social, al permitir la
convivencia entre discrepantes; y es un elemento necesario para asegurar un
adecuado funcionamiento del sistema democrático porque contribuye a favorecer
la discusión y el intercambio de ideas y, de esa manera, se erige en un elemento
necesario para que el ciudadano pueda formar libre y conscientemente la
voluntad que exteriorizará a través de su voto individual (en este sentido, la STC


12/1982, en línea con lo anterior, subraya el pluralismo político como un valor
fundamental y un requisito del Estado democrático).

La importancia de la actividad educativa en relación con el pluralismo es
obvia: constituye un esencial instrumento para garantizar su efectiva vivencia en
la sociedad; y esto porque transmite a los alumnos la realidad de esa diversidad
de concepciones sobre la vida individual y colectiva, como asimismo les instruye
sobre su relevancia, para que sepan valorar la trascendencia de esa diversidad y,
sobre todo, aprendan a respetarla.

En cuanto a los derechos fundamentales, como resulta de la lectura del
art. 10 de la CE, son el espacio de libertad y respeto individual que es necesario
para que la dignidad de la persona, principal fundamento del orden político y de la
paz social, sea una realidad viva y no una mera declaración formal. Como
consecuencia de esta importancia, claro es que la actividad educativa no podrá
desentenderse de transmitir los valores morales que subyacen en los derechos
fundamentales o son corolario esencial de los mismos.

Por lo que se refiere al papel del Estado en la materia, el referente
constitucional en esta cuestión lo ofrecen estos dos mandatos del art. 27: el de su
apartado 5, que impone a los poderes públicos una obligada intervención en la
educación (lo cual es coherente con el modelo de Estado Social de los arts. 1 y
9.2); y el que resulta de su apartado 2, que dispone para esa función una
necesaria meta constitucionalmente predeterminada, cual es que: "La educación
tendrá por objeto el libre desarrollo de la personalidad en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales". Educación, hay que recordarlo, que todos tienen derecho a
recibir.

La necesaria presencia del Estado en esta materia deriva de la clara
vinculación existente entre enseñanza y democracia, por lo que antes ya se ha
expresado, y procede también del hecho de que esa democracia, además de ser
un mecanismo formal para la constitución de los poderes públicos, es también un
esquema de principios y valores.


Varias son las consecuencias que derivan de una interpretación
combinada de los dos anteriores preceptos constitucionales.

La primera es que la actividad del Estado en materia de educación es
obligada (representa el aspecto prestacional del derecho a la educación que
resulta del precepto constitucional que se viene analizando).

La segunda es que esa intervención tiene como fin no sólo asegurar la
transmisión del conocimiento del entramado institucional del Estado, sino también
ofrecer una instrucción o información sobre los valores necesarios para el buen
funcionamiento del sistema democrático.

Y la tercera es que ese cometido estatal, debido a la fuerte vinculación
existente entre democracia y educación, está referido a toda clase de enseñanza:
la pública y la privada.

En lo que hace a la transmisión y difusión de conocimientos que es
posible a través de esa actuación estatal constitucionalmente dispuesta, debe
hacerse la siguiente diferenciación. Por un lado, están los valores que constituyen
el sustrato moral del sistema constitucional y aparecen recogidos en normas
jurídicas vinculantes, representadas principalmente por las que reconocen los
derechos fundamentales. Y, por otro, está la explicación del pluralismo de la
sociedad, en sus diferentes manifestaciones, lo que comporta, a su vez, informar,
que no adoctrinar, sobre las principales concepciones culturales, morales o
ideológicas que, más allá de ese espacio ético común, pueden existir en cada
momento histórico dentro de la sociedad y, en aras de la paz social, transmitir a
los alumnos la necesidad de respetar las concepciones distintas a las suyas pese
a no compartirlas.

La diferenciación que acaba de hacerse marca los límites que tiene la
actuación del Estado en materia educativa y, sobre todo, acota el terreno propio
en que regirá la proscripción de adoctrinamiento que sobre él pesa por la
neutralidad ideológica a que viene obligado. Dicho de otro modo, no podrá
hablarse de adoctrinamiento cuando la actividad educativa esté referida a esos
valores morales subyacentes en las normas antes mencionadas porque, respecto
de ellos, será constitucionalmente lícita su exposición en términos de promover la


adhesión a los mismos. Por el contrario, será exigible una posición de neutralidad
por parte del poder público cuando se esté ante valores distintos de los
anteriores. Estos otros valores deberán ser expuestos de manera rigurosamente
objetiva, con la exclusiva finalidad de instruir o informar sobre el pluralismo
realmente existente en la sociedad acerca de determinadas cuestiones que son
objeto de polémica.

Y una última puntualización es conveniente. La actividad educativa del
Estado, cuando está referida a los valores éticos comunes, no sólo comprende su
difusión y transmisión, también hace lícito fomentar sentimientos y actitudes que
favorezcan su vivencia práctica.

Lo hasta aquí expuesto nos lleva directamente al examen de los
problemas restantes, referentes al alcance y límites del derecho a la libertad
ideológica y religiosa proclamado en el art. 16.1 CE. Respecto de este derecho
debemos decir que está constituido básicamente por la posibilidad reconocida a
toda persona de elegir libremente sus concepciones morales o ideológicas y de
exteriorizarlas, con la garantía de no poder ser perseguido o sancionado por
ellas. Este derecho no es necesariamente incompatible con una enseñanza del
pluralismo que transmita la realidad social de la existencia de concepciones
diferentes.

La compatibilidad será de apreciar siempre que la exposición de esa
diversidad se haga con neutralidad y sin adoctrinamiento. Es decir, dando cuenta
de la realidad y del contenido de las diferentes concepciones, sin presiones
dirigidas a la captación de voluntades a favor de alguna de ellas. Y así tendrá
lugar cuando la enseñanza sea desarrollada con un sentido crítico, por dejar bien
clara la posibilidad o necesidad del alumno de someter a su reflexión y criterio
personal cada una de esas diferentes concepciones.

Vinculado a lo anterior, aparece en el art. 27.3 CE el derecho de los
padres a elegir la orientación moral y religiosa que debe estar presente en la
formación de sus hijos. Está referido al mundo de las creencias y de los modelos
de conducta individual que, con independencia del deber de respetar esa moral
común subyacente en los derechos fundamentales, cada persona es libre de
elegir para sí y de transmitir a sus hijos.


Tampoco es incompatible con la enseñanza del pluralismo que deriva del
art. 27.2 CE. Tienen contenidos o facetas diferentes, como ha quedado expuesto.

Estos derechos mencionados en los arts. 16.1 y 27.3 significan, por eso,
un límite a la actividad educativa del Estado. En efecto, el Estado, en el ámbito
correspondiente a los principios y la moral común subyacente en los derechos
fundamentales, tiene la potestad y el deber de impartirlos, y lo puede hacer, como
ya se ha dicho, incluso, en términos de su promoción. Sin embargo, dentro del
espacio propio de lo que sean planteamientos ideológicos, religiosos y morales
individuales, en los que existan diferencias y debates sociales, la enseñanza se
debe limitar a exponerlos e informar sobre ellos con neutralidad, sin ningún
adoctrinamiento, para, de esta forma, respetar el espacio de libertad
consustancial a la convivencia constitucional.

SÉPTIMO.-Cuanto acaba de exponerse debería ser suficiente para tener
por establecido que la existencia de la materia Educación para la Ciudadanía es
ajustada a derecho, pues no es correcto sostener, como se desprende de la
sentencia impugnada, que el Estado no tenga nada que decir sobre la educación
de los menores, ni quepa ninguna transmisión de valores a través del sistema
educativo. Ya se ha visto cuáles son los equilibrios que la Constitución exige en
este terreno.

La sentencia impugnada, por lo demás, no hace ningún reproche concreto
al contenido de la materia Educación para la Ciudadanía, sino que se limita a
afirmar que no se ha suministrado a los padres información sobre sus contenidos
y que éstos tienen un alto grado de indefinición. Esto es inexacto, porque los
reglamentos estatales y autonómicos donde se hace el diseño de la mencionada
materia han sido objeto de publicación oficial. El hecho de que algunas de sus
previsiones puedan prestarse a diferentes lecturas es cuestión distinta, sobre la
que más tarde se harán las debidas precisiones. Pero, por lo que ahora importa,
dado que ese único reproche carece de fundamento, no es preciso entrar a
examinar los contenidos concretos de la materia, que no son objeto de los
presentes recursos de casación.


La conclusión de todo lo expuesto es que el deber jurídico de cursar la
materia Educación para la Ciudadanía es un deber jurídico válido.

OCTAVO.- Cabe ya abordar el problema central de si existe o no un
derecho a la objeción de conciencia frente a la materia Educación para la
Ciudadanía. Se podría tratar de justificar tal derecho por dos vías: bien por la
existencia de un derecho a la objeción de conciencia de alcance general, que
sería parte integrante del art. 16.1 CE; bien por la existencia de un específico
derecho a la objeción de conciencia en materia educativa, que nacería del art.

27.3 CE Ambas líneas de razonamiento, aunque no siempre claramente
diferenciadas, se hallan en la sentencia impugnada.
Comenzando por la primera de ellas, hay que constatar que en la
Constitución española sólo hay un supuesto de reconocimiento expreso del
derecho a la objeción de conciencia: se trata de la objeción de conciencia al
servicio militar, recogida en el art. 30.2 del texto constitucional. Algunos sostienen
que también el art. 20.1.d) CE contempla un supuesto de derecho a la objeción
de conciencia, cuando consagra la llamada “cláusula de conciencia” de los
profesionales de la información; pero no es evidente que aquí haya genuina
objeción de conciencia, ya que en puridad no se refiere a un deber jurídico
impuesto por el Estado. Pero ello no tiene ahora mucha importancia. Tanto si es
uno como si son dos los supuestos en que la Constitución reconoce un derecho a
la objeción de conciencia, lo que es indiscutible es que se refieren a materias
perfectamente delimitadas: el servicio militar y la posición de los informadores en
las empresas informativas. Es obvio, en otras palabras, que la Constitución
española no proclama un derecho a la objeción de conciencia con alcance
general.

Como complemento a lo que se acaba de decir, no es ocioso observar
que nada impide al legislador ordinario, siempre que respete las exigencias
derivadas del principio de igualdad ante la ley, reconocer la posibilidad de
dispensa por razones de conciencia a determinados deberes jurídicos. Lo que
ocurre es que se trataría de un derecho a la objeción de conciencia de rango
puramente legislativo -no constitucional- y, por consiguiente, existente sólo en
virtud de la libertad de configuración del ordenamiento de que dispone el


legislador democrático; esto es, podría crear, modificar o suprimir dicho derecho
según lo estimase oportuno.

Así, para sostener que, más allá de los específicos supuestos
expresamente contemplados por la Constitución, de ésta surge un derecho a la
objeción de conciencia de alcance general, que no podría ser ignorado por el
legislador, suele invocarse –como se ha hecho en el caso ahora examinado- el
art. 16.1 CE. La idea básica de quienes sostienen esta postura es que la libertad
religiosa e ideológica garantiza no sólo el derecho a tener o no tener las
creencias que cada uno estime convenientes, sino también el derecho a
comportarse en todas las circunstancias de la vida con arreglo a las propias
creencias. Pero ésta es una idea muy problemática, al menos por dos órdenes de
razones.

En primer lugar, una interpretación sistemática del texto constitucional no
conduce en absoluto a esa conclusión. Incluso pasando por alto que la previsión
expresa de un derecho a la objeción de conciencia al servicio militar en el art.

30.2 no tendría mucho sentido si existiese un derecho a la objeción de
conciencia de alcance general dimanante del art. 16.1, es lo cierto que el tenor de
este último precepto constitucional dista de abonar la tesis de que la libertad
religiosa e ideológica comprende el derecho a comportarse siempre con arreglo a
las propias creencias. En efecto, la libertad religiosa e ideológica no sólo
encuentra un límite en la necesaria compatibilidad con los demás derechos y
bienes constitucionalmente garantizados, que es algo común a prácticamente
todos los derechos fundamentales, sino que topa con un límite específico y
expresamente establecido en al art. 16.1 CE: “el mantenimiento del orden público
protegido por la ley”. Pues bien, por lo que ahora importa, independientemente de
la mayor o menor extensión que se dé a la noción de orden público, es claro que
ésta se refiere por definición a conductas externas, reales y perceptibles. Ello
pone de manifiesto que el constituyente nunca pensó que las personas puedan
comportarse siempre según sus propias creencias, sino que tal posibilidad
termina, cuanto menos, allí donde comienza el orden público.
En segundo lugar, en contraposición a la dudosa existencia en la
Constitución de un derecho a comportarse en todas las circunstancias con
arreglo a las propias creencias, se alza el mandato inequívoco y, desde luego, de


alcance general del art. 9.1 CE: “Los ciudadanos y los poderes públicos están
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.” Esto es un
mandato incondicionado de obediencia al derecho; derecho que, además, en la
Constitución española es el elaborado por procedimientos propios de una
democracia moderna. A ello hay que añadir que el reconocimiento de un derecho
a la objeción de conciencia de alcance general, con base en el art. 16.1 CE,
equivaldría en la práctica a hacer depender la eficacia de las normas jurídicas de
su conformidad con cada conciencia individual, lo que supondría socavar los
fundamentos mismos del Estado democrático de derecho.

Una vez sentado que el art. 16.1 CE no da base para afirmar la existencia
de un derecho a la objeción de conciencia de alcance general, es preciso verificar
si éste podría encontrar fundamento en la jurisprudencia o en algún instrumento
internacional.

En cuanto a los precedentes jurisprudenciales, la verdad es que distan de
ser nítidos y lineales. Es indiscutible que la Sentencia del Tribunal Constitucional
53/1985, relativa a la despenalización del aborto en ciertas circunstancias, afirma
que el personal sanitario puede oponer razones de conciencia para abstenerse
de participar en invenciones dirigidas a la interrupción del embarazo. Pero a partir
de aquí sería muy difícil extraer un principio general, ya que el aborto constituye
innegablemente un supuesto límite.

Más clara, como precedente en materia de objeción de conciencia, es la
Sentencia del Tribunal Constitucional 154/2002, relativa a la condena penal de
unos padres que, a causa de sus creencias religiosas, no autorizaron una
transfusión sanguínea para su hijo menor, que luego falleció. Ciertamente, el
Tribunal Constitucional consideró que dicha condena penal supuso una violación
de la libertad religiosa de los padres; lo que, al menos implícitamente, implica
admitir que la libertad religiosa puede tener algún reflejo en el modo de
comportarse. Pero tampoco sería fácil extraer de aquí un principio general, por
varios motivos: se trata de una sentencia atinente a cuestiones específicamente
religiosas, no morales en general; se trata de una sentencia aislada, que no ha
tenido hasta ahora continuidad jurisprudencial; y se trata, sobre todo, de una
sentencia muy ligada a las innegables exigencias de justicia material del caso
concreto.


Y en cuanto a las Sentencias del Tribunal Constitucional 177/1996 y
101/2004, se trataba de casos en que un militar y un policía fueron obligados a
participar en actos religiosos. Cuando alguien sometido a una especial disciplina
es obligado a participar en un acto religioso, hay sencillamente una violación de
su libertad religiosa. Esto poco tiene que ver con la objeción de conciencia.

La jurisprudencia constitucional española, en suma, no ofrece base para
afirmar la existencia de un derecho a la objeción de conciencia con alcance
general. Y por lo que se refiere a instrumentos internacionales que satisfagan las
características exigidas por el art. 10.2 CE para ser guía de la interpretación en
materia de derechos fundamentales, el único que puede traerse a colación es el
art. 10.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que
dispone: “Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las
leyes nacionales que regulen su ejercicio.” Es verdad que este precepto no limita
el derecho a la objeción de conciencia a un ámbito material determinado; y es
probable que tras la mención específica a la Carta en el art. 2 de la Ley Orgánica
1/2008, por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Lisboa, aquélla deba
ya ser utilizada como canon interpretativo aun cuando el mencionado Tratado de
Lisboa no haya todavía entrado en vigor. Ahora bien, la propia Carta circunscribe
su eficacia a aquellos supuestos en que los Estados apliquen derecho de la
Unión Europea, lo que claramente no ocurre en el caso ahora examinado. El art.

10.2 de la Carta, además, requiere expresamente una interpositio legislatoris
para desplegar sus efectos, por lo que no admite un derecho a la objeción de
conciencia en ausencia de ley que lo regule.
Así, tampoco en la jurisprudencia o en los instrumentos internacionales
suscritos por España cabe hallar fundamento para un derecho a la objeción de
conciencia con alcance general.

Es importante aclarar que esta Sala no excluye de raíz que, en
circunstancias verdaderamente excepcionales, no pueda entenderse que de la
Constitución surge tácitamente un derecho a quedar eximido del cumplimiento de
algún deber jurídico válido. Pero esas circunstancias verdaderamente
excepcionales no han quedado acreditadas en el presente caso: aquí no cabe
advertir un conflicto semejante al que se produce en los casos en que la


Constitución -o el Tribunal Constitucional al interpretarla- han reconocido el
derecho a objetar. En efecto, tanto cuando se trata del servicio militar obligatorio,
como de la intervención en el aborto en los supuestos despenalizados, se percibe
con absoluta nitidez la contraposición radical entre la conciencia de quienes
pretenden ser eximidos de su cumplimiento y unos deberes jurídicos bien
precisos. Aquí, sin embargo, no existe esa claridad, especialmente si se tiene en
cuenta que la propia sentencia impugnada reconoce que los demandantes no
conocen con exactitud el contenido de la materia frente a la que desean objetar.

NOVENO.- Descartada la existencia de un derecho a la objeción de
conciencia con alcance general, queda por examinar si existe un derecho a la
objeción de conciencia circunscrito al ámbito educativo, sobre la base del art.

27.3 CE. Dicho de otra manera, se trata de determinar si “el derecho que asiste a
los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones” permitiría oponer razones de conciencia
para quedar eximido de cursar una materia como Educación para la Ciudadanía.
Hay dos recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
que, según algunos, se orientan en esta dirección: Folgero c. Noruega de 20 de
junio de 2007 y Hasan Zengin c.Turquía de 9 de octubre de 2007. En ambas, se
aborda el problema de la enseñanza de la religión -luterana en el caso noruego, e
islámica sunnita en el caso turco-, si bien dentro de materias escolares
obligatorias de carácter cultural. Hay que tener en cuenta que no todos los
alumnos ajenos a estas dos confesiones estaban dispensados de cursar dichas
asignaturas. El Tribunal de Estrasburgo consideró que el deber jurídico absoluto
de cursar las materias controvertidas, sin posibilidad efectiva de dispensa a
causa de las propias creencias, vulneraba el art. 9 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos.

Es posible resumir las ideas principales que sirven al Tribunal de
Estrasburgo para decidir estos pleitos del siguiente modo:

A) La inclusión en los planes de enseñanza de materias obligatorias sobre
religión, filosofía y moral que persigan una aproximación a las diferentes
religiones y orientaciones filosóficas, de manera que los alumnos adquieran
conocimientos de sus propios pensamientos y tradiciones, no contradice el


Convenio siempre que estén configuradas equilibradamente y se ajusten en sus
contenidos y enseñanza a los principios de objetividad, exposición crítica y
respeto al pluralismo.

B) Dicho en negativo, lesiona el derecho de los padres a elegir la
formación religiosa y moral de sus hijos toda forma de enseñanza que, por
prescindir de los requisitos anteriores, tienda al adoctrinamiento religioso o moral.

C) En los casos contemplados en estas sentencias, la infracción del
derecho reconocido en el art. 2 del Protocolo nº 1 y del art. 9 del Convenio se
produce por el desequilibrio en la definición del currículo de las materias
controvertidas –escorada al cristianismo la noruega, orientada al islamismo la
turca- y, a partir de esa premisa, por la insuficiencia de los mecanismos de
dispensa previstos por el legislador.

Estas dos sentencias, sin embargo, no son de gran utilidad para el
presente caso, por dos razones. Por un lado, y esto es lo más importante, tratan
de la enseñanza obligatoria de una determinada religión. Imponer a alguien el
deber jurídico de cursar enseñanzas religiosas contra la propia voluntad implica,
por sí solo, una violación de la libertad religiosa e ideológica. Tan es así que esta
situación no se produce en España, país aconfesional, donde las enseñanzas
religiosas en los currículos escolares tienen carácter optativo. Cuando se trata de
la enseñanza obligatoria de materias que, aun pudiendo incidir sobre cuestiones
morales, son ajenas a la religión, no se da ese automatismo, sino que será
preciso, más bien, analizar hasta qué punto la asignatura obligatoria en cuestión
puede afectar a opciones morales esencialmente personales. Por otro lado, las
mencionadas sentencias no imponen, en rigor, una obligación al Estado de
reconocer un derecho a la objeción de conciencia frente a asignaturas religiosas,
sino que se limitan a decir que este tipo de asignaturas –propio de Estados
confesionales- sólo es conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos en
la medida en que se reconozca la posibilidad de dispensa.

Tampoco el art. 27.3 CE en sí mismo considerado, con independencia de
la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, permite afirmar que los padres
tienen un derecho a la objeción de conciencia sobre materias como Educación
para la Ciudadanía. De entrada, hay que destacar que dicho precepto


constitucional sólo reconoce el derecho a elegir la educación religiosa y moral de
los hijos, no sobre materias ajenas a la religión y la moral. En la medida en que
Educación para la Ciudadanía abarca temas ajenos a la religión o la moral en
sentido propio, como son los relativos a la organización y funcionamiento de la
democracia constitucional, el significado de los derechos fundamentales o,
incluso, usos sociales establecidos y reglas meramente técnicas, no resulta
aplicable el art. 27.3 CE. Este sólo regirá para aquellos aspectos de la citada
materia que incidan sobre problemas morales, pues hay que entender que la
religión, por ser algo ajeno a la ciudadanía, ha de quedar necesariamente fuera
de la referida materia. Pero, si esto no fuera suficiente, hay que recordar que los
apartados segundo y tercero del art. 27 CE se limitan mutuamente: ciertamente,
el Estado no puede llevar sus competencias educativas tan lejos que invada el
derecho de los padres a decidir sobre la educación religiosa y moral de los hijos;
pero, paralelamente, tampoco los padres pueden llevar éste último derecho tan
lejos que desvirtúe el deber del Estado de garantizar una educación “en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales”. El punto de equilibrio constitucionalmente adecuado puede ser a
veces difícil de encontrar; pero es indiscutible que los padres no tienen, sobre la
base del art. 27.3 CE, un derecho ilimitado a oponerse a la programación de la
enseñanza por el Estado. El art. 27.3 CE, dicho de otro modo, permite pedir que
se anulen las normas reguladoras de una asignatura obligatoria en tanto en
cuanto invadan el derecho de los padres a decidir la enseñanza que deben recibir
sus hijos en materia religiosa o moral; pero no permite pedir dispensas o
exenciones.

Es preciso tener presente, en fin, las peculiares características de una
materia obligatoria cuya finalidad declarada es educar a ciudadanos. Puede
naturalmente discutirse acerca de la oportunidad de tal materia; pero, una vez
verificado que es ajustada a derecho, autorizar exenciones individuales de dicha
materia sería tanto como poner en tela de juicio esa ciudadanía para la que se
aspira a educar. En un Estado democrático de derecho, el estatuto de los
ciudadanos es el mismo para todos, cualesquiera que sean sus creencias
religiosas y morales; y, precisamente por ello, en la medida en que esas
creencias sean respetadas, no hay serias razones constitucionales para
oponerse a la existencia de una materia obligatoria cuya finalidad es formar en


los rudimentos de dicha ciudadanía, incluido el reconocimiento del propio derecho
a la libertad ideológica y religiosa.

Así, dado que tampoco existe un específico derecho a la objeción de
conciencia en el ámbito educativo, hay que concluir que la sentencia impugnada
reconoce un derecho inexistente en el ordenamiento jurídico español; y, por esta
razón, los recursos de casación del Ministerio Fiscal, del Abogado del Estado y
de la Letrada de la Junta de Andalucía deben ser estimados.

DÉCIMO.-Dicho todo lo anterior, conviene añadir que cada una de las
etapas o enseñanzas que componen el sistema educativo está dotada de un
currículo integrado, por el conjunto de objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación (art. 6 de la Ley
Orgánica 2/2006). Las normas reguladoras de la materia Educación para la
Ciudadanía están compuestas por numerosos preceptos, anexos y cuadros, con
un contenido denso, estrechamente interrelacionado. De entre todo ese amplio
material, no se han discutido formalmente las prescripciones legales. Es verdad
que, en la medida en que los reglamentos reguladores de la materia Educación
para la Ciudadanía se sirven de una terminología específica, en ocasiones
recargada en exceso, la consideración aislada de algunas de sus frases o
palabras podría inducir a dudas en torno a su alcance. Ahora bien, su
interpretación dentro del contexto de los reglamentos y desde los presupuestos
constitucionales señalados disipa toda incertidumbre.

Falta por añadir, sin embargo que los contenidos que asignan esas
disposiciones generales a la materia Educación para la Ciudadanía han de
experimentar ulteriores concreciones a través del proyecto educativo de cada
centro y de los textos que se utilicen, así, como, obviamente, de la manera en
que se expongan. Proyectos, textos y explicaciones que deben moverse en el
marco que hemos trazado de manera que el derecho de los padres a que se
mantengan dentro de los límites sentados por el artículo 27.2 de la CE y a que,
de ningún modo, se deslicen en el adoctrinamiento por prescindir de la
objetividad, exposición crítica y del respeto al pluralismo imprescindibles, cobra
aquí también pleno vigor.


Y en particular, cuando proyectos, textos o explicaciones incurran en tales
propósitos desviados de los fines de la educación, ese derecho fundamental les
hace acreedores de la tutela judicial efectiva, preferente y sumaria que han de
prestarles los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, los cuales habrán de
utilizar decididamente, cuando proceda, las medidas cautelares previstas en la
Ley de la Jurisdicción para asegurar que no pierdan su finalidad legítima los
recursos que se interpongan.

Es preciso insistir en un extremo de indudable importancia: el hecho de
que la materia Educación para la Ciudadanía sea ajustada a derecho y que el
deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa -ni
tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o
inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre
cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.

Ello es consecuencia del pluralismo, consagrado como valor superior de
nuestro ordenamiento jurídico, y del deber de neutralidad ideológica del Estado,
que prohíbe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo. Las materias que
el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica
como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos
sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor
argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no
existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. En una
sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa –ni tampoco los
centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las
cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en
la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por
supuesto al de las conciencias individuales. Todo ello implica que cuando deban
abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la
Ciudadanía –o, llegado el caso, cualquiera otra-es exigible la más exquisita
objetividad y el más prudente distanciamiento.

UNDÉCIMO.-De acuerdo con el art. 139 LJCA, no procede hacer
imposición de las costas.


F A LL A M O S

Haber lugar a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio
Fiscal, el Abogado del Estado y la Letrada de la Junta de Andalucía contra la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3ª), con sede en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de marzo de 2008,
que anulamos, confirmando la validez de la resolución de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía de 13 de noviembre de 2007. No hacemos
imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

D. Ramón TrilloTorres D. Fernando Ledesma Bartret D. Mariano de Oro-Pulido y López
D. Pedro José Yagüe Gil D. Jesús Ernesto Peces Morate D. José Manuel Sieira Míguez

D. Rafael Fernández Montalvo D. Manuel Vicente Garzón Herrero D. Segundo Menéndez Pérez
D. Juan José González Rivas D. Enrique Lecumberri Martí D. Manuel Campos Sánchez-Bordona
D. Nicolás Maurandi Guillén D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva D. Santiago Martínez-Vares García
D. Eduardo Espín Templado D. Juan Gonzalo Martínez Micó D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat

D. Rafael Fernández Valverde Dª Celsa Pico Lorenzo D. Octavio Juan Herrero Pina
D. Emilio Frías Ponce D. José Díaz Delgado D. Eduardo Calvo Rojas
D. Manuel Martín Timón D. Luis Mª Díez-Picazo Giménez D. Angel Aguallo Avilés
D. Joaquin Huelin Martínez de Velasco Dª María del Pilar Teso Gamella



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